Con lo que se gastó el ministro Bermejo en su piso oficial, más de 500 juzgados tendrían material informático nuevo. Aunque los medios gubernamentales intentan presentarlo como simple corporativismo, la realidad es que la Justicia española se paraliza hoy, en una protesta sin precedentes, para reclamar más medios y menos mentiras, para exigir que la Justicia sea independiente y para rechazar que los jueces y los funcionarios sean los chivos expiatorios de la incapacidad ministerial.
Precisamente, Teresa Fernández de la Vega, uno de los más furibundos atacantes del magistrado del caso Mari Luz, tuvo una actitud muy distinta en 1992, con el juez que permitió (contra el criterio de fiscal y prisión) el permiso de un recluso que violó y asesinó a la niña de 9 años, Olga Sangrador. De la Vega, entonces Secretaria de Estado, le nombró su Jefe de Gabinete.
Aunque estamos acostumbrados a noticias de jueces vagos, la realidad es que la inmensa mayoría cubren con creces los módulos de productividad impuestos por el ministerio y exigen los mínimos recursos técnicos y humanos, necesarios para cumplir su labor.
No es aceptable que un Gobierno que se gasta 70 millones de euros en nuevos logotipos, deje indigente a una Justicia que es un pilar básico de la democracia real, de los derechos de todos los ciudadanos.
